Chiche Duhalde no necesita presentación. Como parte de Movimiento21, expuso sus ideas y experiencias sobre el desarrollo social, sumando esos conocimientos y los cuadros que la acompañan a la red de reflexión que el grupo está tendiendo en el país. Su intervención suscitó la participación de varios de los asistentes y a continuación se transcribe el debate completo.

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Chiche Duhalde: Hay algo que a mí me sorprende: han pasado más de 20 años y allí donde vamos nos piden que hablemos de la organización de manzaneras. Fue el 6 de septiembre de 1996 cuando lanzamos lo que fue la red de mujeres. El año pasado, en la campaña de Lavagna me llamaba la atención que me dijeran que querían volver el mismo programa. ¿Cómo puede ser?, me preguntaba. Han pasado más de 20 años, ¿qué ocurrió en la Argentina?

Tiempo después de aquella experiencia, una socióloga francesa tomó contacto y trabajó investigando sobre un programa nuestro que se llamaba Vida. Descubrió que era un programa muy interesante, que podría replicarse en muchos países latinoamericanos. Publicó un libro con ese estudio que se llama Mujeres de la Buena Leche y me invitaron a presentarlo en Francia.

Cuando Alberto ganó las elecciones, Arroyo me invitó a recrear la red de mujeres. Si bien yo no pertenezco al espacio de Kirchner, tengo simpatía por Alberto personalmente y me pareció que había que ayudar a un gobierno peronista. En verdad, también lo había intentado con María Eugenia Vidal que no me dio bolilla.

Le dije que sí a Arroyo inmediatamente y él me invitó a formar parte de la mesa contra el hambre, que es algo que se reunió una o dos veces. Pero a partir de ahí me encontré con los primeros problemas, porque cuando le pregunté desde dónde íbamos a trabajar en el armado de la red de mujeres, me dijo que toda el área de economía social la tenía ocupada con los movimientos sociales y qué otras áreas están también ocupadas por otros partidos aliados al Frente de Todos. En realidad no tenía espacio. Le propuse que buscáramos alguna modalidad más autónoma: podríamos trabajar desde nuestra Fundación en convenio con ellos. Creo que estaba estudiando esa posibilidad cuando vino la pandemia, se produjo el episodio del sobreprecio en la compra de alimentos y todo se enfrió.

Después de eso vino Andrés Larroque a pedirme lo mismo para la provincia de Buenos Aires. Tuve una buena impresión. Me encontré con un muchacho muy bien que me hizo vencer los prejuicios que en general tengo frente a todo lo que viene de Kirchner. Con Larroque puede dialogar y le dije que estaba dispuesta. Pero para mi sorpresa el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia estaba cerrado (está cerrado todavía). Le dije a Larroque que ese ministerio tenía que estar abierto, porque si los médicos, los enfermeros, los recolectores de residuos estaban trabajando, cómo no iba a estar abierto un ministerio como ese, que se tiene que ocupar directamente de todos los problemas de la gente. Hasta el día de hoy sigue cerrado.

Nosotros trabajamos muchos programas sociales cuando estuvimos en la gestión. En 2003 habíamos dejado un programa auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y recién habíamos empezado. El programa nacional era el Jefas y Jefes que llegaba a todo el país. Este programita auspiciado por el BID llegaba al NOA y el NEA, estaba monitoreado y era un solo plan por familia. Después aparecieron muchísimos planes y hoy hay más o menos 30 planes sociales. Ahora dicen que va a haber uno solo, un plan universal. Yo no sé qué entienden por plan universal.

Yo, que sigo recorriendo y sigo haciendo territorio, lo que estoy observando es que hay gente que está ganando por planes mucho más de lo que gana un médico, hay gente que no tiene nada y hay movimientos sociales que manejan muchos planes sin rendir cuentas (esto en la etapa de Carolina Stanley fue muy claro desde el comienzo: les dio muchos recursos a los movimientos sociales). Yo no sé realmente si se le pueden dar recursos a los movimientos sociales sin que tengan que rendir cuentas. Le pregunto a Oscar Lamberto, que está entre nosotros.

Oscar Lamberto: Legalmente no, pero en general lo disfrazan como programas. Cuando yo estaba en la Auditoría me pidió una audiencia uno de los movimientos sociales para consultarme cómo podrían invertir los 30.000 millones que habían conseguido de Carolina Stanley. ¡Vino a pedir asesoramiento financiero! Estoy hablando del año 2016, el dólar estaba entre 15 y 18 pesos. Tenían mucha plata, tanta que la querían invertir porque no la podían gastar. Creo que esa no es la idea.

CH.D.: Bueno hoy no solamente manejan plata sino que tienen cargos, son funcionarios. Es una crítica que yo les hago, porque un movimiento social no puede ser juez y parte.

Las cifras se ocultan. Cuando el ministro Arroyo lanzó la tarjeta Alimentar, con sumas de 4000 y 6000 pesos según la composición familiar, los datos se sacaron del padrón de la asignación por hijo. Y hay mucha gente que no está en esa lista. Algunos intendentes dicen: “queremos esa información”, pero no se la dan. Hay un ámbito cerrado que maneja no solamente recursos, sino también información y poder. Hay mucha información que no se comparte: no sabemos cuáles son las familias que reciben cada programa, no sabemos cuáles son las familias que alimentan los movimientos sociales. Y también habría que cruzar esa información con la ayuda que distribuyen organizaciones privadas, como la que conduce Manu Ginóbili. Está llegando a dos millones de personas. Si no hacemos un entrecruzamiento serio, en una de esas estamos entregando mucho más dinero del que deberíamos entregar o lo estamos entregando mal de una manera irregular.

Hay muchísimos planes sociales, malgastados, porque cada plan tiene una estructura social que sostiene personas que son incluidas con base de datos variadas. Deberíamos tener una sola base de datos, con un solo plan social por encima de la línea de indigencia. Conocer a cada persona, con contraprestaciones cumplibles y serias. Pero no lo hacemos.

Tampoco se está pidiendo una contraprestación laboral, ni hay un control sobre la escolarización de los chicos. Veo que se están haciendo muchas macanas. Mucho dinero va a lugares que no corresponden. Me pasa en Lomas: una escuela te dice que tiene 250 alumnos, pero tiene 100. Esa escuela recibe comida para entregar a 250 niños, ¿quién se queda con lo que excede? Hay mucho descontrol, mucho desorden y ahora hablan de un plan universal. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un plan universal?

Lamberto: Es un poco más que la asignación universal, con una cápita o por familia. Dicho así, un plan de esas características parece un imposible Habría que ver qué límites tiene. Hay que agregar cuál es la cantidad de indocumentados que hay. Para recibir cualquier plan se necesita un dni, y aparentemente en Argentina hay muchísima gente que no tiene ninguno. Es decir: no accede a ningún plan. Acá, en Santa Fe, se presentó este problema: cuando empezaron a repartir la tarjeta, ocurrió que la mayor parte de los chicos están a cargo de las abuelas, pero la tarjeta está a nombre de las madres. Muchas madres recibían la tarjeta y se iban, dejaban en banda a la abuela con los chicos. Los planes parecen diseñados para la clase media.

CH.D.: También la palabra universal se utiliza para hablar de un “universo”, un cierto grupo, por ejemplo todos los niños escolarizados. La asignación universal por hijo puede ser para el universo de todos los chicos escolarizada Pero tenemos una superposición de programas que no llegan tampoco a todo ese universo, por motivos como los que señalaba Lamberto. Entonces la solución sería que tengamos en la Argentina -como tuvimos- un solo programa por encima de la línea de la indigencia hecho con un buen censo y terminemos así con los bolsones de alimentos. Imaginemos un solo programa, de $20000 por familia. Se puede hacer el número para saber si alcanza, ¿o es imposible planteárselo?

Eduardo Mondino: Lo primero que se requiere es algo que hoy, como vos lo decías al principio, es una carencia del Estado en materia social; me refiero a una organización. Armar un programa universal a mí me suena a armar un programa que reúna todos los recursos que hoy se canalizan de manera dispersa, algunos que no llegan donde deberían y otros que se duplican donde no deberían. Entonces un plan único universal que llegué a un universo de personas en situación vulnerable, que deben ser censadas, que deben estar dentro de una base de datos dónde se debe garantizar que el que lo recibe sea el que administra esa familia.

Ahora vamos a partir de la base de que a un estado que está loteado, donde el Ministerio de Desarrollo Social es un lugar en el que conviven distintos movimientos sociales que son juez y parte, tiene que resultarle muy dificultoso llevar adelante un programa de esas características. No tanto por lo económico sino porque hay que sostenerlo socialmente y con el trabajo intenso de interacción con la gente. La idea de resolver con una tarjetita magnética un problema de estas dimensiones sin conocer los distintos aspectos de la necesidad parece una ilusión. Los recursos del Estado no son infinitos. Ni los económicos ni los humanos. Gestionar eficientemente el recurso es elemental: el programa social debe garantizar la calidad de los recursos y su destino, que vayan donde se necesitan. El estado carece de esa organización. Y eso se nota en el manejo de esta pandemia. Yo recién me acabo de enterar, por lo que vos decís -y me parece inconcebible- del cierre de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires: está cerrado cuando deberían estar en la primera línea. Por eso lo primero es un estado que se organice, donde no se pueda ser juez y parte y donde haya una interacción de todos los ministerios de acción social del país en un Consejo Federal de desarrollo social.

Hugo Quintana: Antes de que asumiera Alberto Fernández hicimos una charla con Daniel Arroyo y le presentamos un proyecto de ley, entendiendo que donde hay un peso del estado, los organismos de control tienen que poder ejercer el control sobre el dinero que ingresa y la aplicación del dinero, aunque no se haga directamente a través del estado, sino, por ejemplo, a través de los movimientos sociales. Los organismos de control tienen que poder controlar también a los que gastan el dinero del estado. A Daniel le pareció bien la idea, pero después no prosperó; y no creo que él no haya querido, creo que está rodeado por gente a la que no le interesa ese tipo de control.

María Nélida Doga: Nosotros podemos contar una experiencia desde la función. Yo siempre tuve claro que todo el dinero que se firmaba en el ministerio era mi responsabilidad y que por eso el ministro y cualquier funcionario tiene que saber lo que se está haciendo con el dinero que tiene presupuestado. Cuando los piqueteros le preguntan a Lamberto cómo invertir esa plata, lo que hay que tener claro es que esa plata no es para invertir, es para programas sociales que se tienen que desarrollar. Sí desde el punto de vista legal cada uno hace lo que quiere con el dinero asignado a la cooperativa, para el desarrollo alimentario, etcétera, y ese dinero se invierte en las organizaciones podemos preguntarnos de qué política social estamos hablando. Entiendo que un ministro se ponga de acuerdo con las organizaciones y acepte que ellas tienen acceso a la gente con carencia y les diga que el Ministerio va acompañar la tarea de la organización. El problema es que eso se desborde y se descontrole y pase lo que ocurre ahora: fondos destinados a cooperativas que no funcionan son sueldos que deberían invertirse en acciones determinadas, en cooperativas de vivienda construyendo. La pregunta que nosotras nos hacemos constantemente es: ¿cambió algo en las normas del estado que haga que los ministros no tengan que rendir cuentas a las distintas dependencias de control?

Pascual Albanese: Yo creo que en 2003 hubo una decisión: privatizar la política social en la Argentina. En la década del 90 tuvimos la privatización de las empresas públicas: en el 2003 lo que es ejecutado más o menos caóticamente es una estrategia de privatización de una parte importante de la acción social del estado, delegándola en los llamados movimientos sociales. En un principio esto se justificaba con el asunto de la emergencia; después, como suele suceder son casi todas las emergencias en la Argentina, la emergencia pasó a ser permanente y ese mecanismos quedaron institucionalizados, de modo que los movimientos sociales han acaparado discrecionalmente una gran porción del gasto social de la Argentina. Me parece que hay que pensar un proyecto de ley de auditoría del gasto social , porque este punto tiene que ver con la asistencia a los más pobres donde evidentemente hay falencias en el sistema que hacen posible que esto se haya desviado con tanta facilidad desde hace tantos años. No se trata de quejarnos sino de hacer una propuesta específica de auditoría del gasto social.

CH.D.: Daniel Arroyo a mí me dijo: prefiero tenerlos aquí dentro y no a los tiros en la calle. Son puntos de vista. A mí me parece que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo estoy pensando hacer una prueba piloto en algún distrito que esté más o menos tranquilo en relación con el coronavirus y hacer una prueba: primero, censar a toda la población, ver qué programas sociales tiene, cuanto hay invertido socialmente en el distrito y tratar de detectar (y, en tal caso, de mostrar) si hay familias que no acceden a nada. También definir allí qué es una cooperativa, porque en muchos casos nos encontramos con que la cooperativa, subsidiada por la Nación, cumple tareas que debería hacer el municipio: mujeres barriendo una calle esa es una tarea que no debe hacer una cooperativa sino que debe hacerlo al municipio que para eso cobra impuestos locales. Y eso es frecuente verlo. Me gustaría poder hacer en algún distrito semiurbano, una experiencia piloto y llevar el resultado y la documentación al Presidente y mostrarle y decirle: mirá allí pasa esto.

Quintana: Cuando una mide el impacto de los planes… Tenemos la asignación universal por hijo con condicionamientos interesantes: la vacunación y la escolaridad. Después de 7 años no sabemos si ha habido mejor vacunación y escolaridad y hemos invertido montones de recursos que son carísimos para la nación. Por lo tanto hay que empezar a trabajar en serio porque si tenemos las instancias nacional, provincial y municipal dando diferentes cosas sin hacer un clearing, es un dispendio enorme de los pocos recursos que tenemos.

Es importante la idea del censo, porque no hay una realidad entre los planes y la gente. Ahora se ha suspendido el censo nacional. No hay estado que alcance a llegar a todos lados. Hace un mes llamaron compañeros de la isla Maciel donde nosotros trabajamos desde hace muchos años. Tuvieron un brote de dengue y no tenían plata para comprar los elementos básicos; los ayudamos, con las limitaciones que tenemos nosotros cuando hay pocos recursos y cuando hay que ser más eficiente. El censo se suspendió, en Maciel no conseguían alcohol. El estado maneja descontroladamente sus recursos).

CH.D.: Aquí tenés un ejemplo: en el marco de la pandemia, como los chicos no van a la escuela y por ese motivo no pueden comer allí, el Ministerio de Educación de la provincia entrega a las madres un bolsón de alimentos por chico cada 15 días. En el mes de las vacaciones entregan doble ración. Me señalaba una persona de Caritas: cada ración tiene una botella de aceite de 2 litros; una mamá que tiene 10 hijos recibe para el mes 20 litros de aceite (cuarenta en vacaciones de invierno). No hay criterio de lo que se entrega ni hay proporción. Ese hogar no necesita tanto aceite, pero tiene otras necesidades.

Lo importante sería poder mostrar en un distrito cómo se puede corregir todo este lío, esta maraña de planes y programas. A mí me parece que un municipio que podría ser muy ilustrativo es General Rodríguez, un municipio chico que reúne características de conurbano y también de interior. Podría ser un lugar bueno para hacer una muestra que nos permita ayudar a corregir estos problemas.

Les cuento una historia que me sucedió a mí: a la señora que nos da una mano en casa le cayó un buen día alguien ofreciendo el alquiler de dispensers de agua. Ella vive en un barrio de casitas sencillas, de trabajadores, un barrio que está construido sobre un bajo y donde, cuando llueve, tienen que sacar el agua con balde o con bomba porque se inunda feo. Ella y muchos vecinos alquilaron los dispenser. Después de un mes, la misma persona que se los alquilaba fue a retirarlos, porque lo habían asaltado y no podía seguir con su actividad. Poco tiempo después, el caño maestro del agua se rompió. Ahora están absolutamente sin agua y la municipalidad les lleva un bidón con 5 litros de agua a cada vecino. ¡Cinco litros para higienizarse, para el baño, para comer! ¿A ustedes les parece? La señora que trabaja en casa está rodeada de narcos: los chicos que se enganchan en esa trama también los roban a ellos y ella vive encerrada entre rejas. Si hubiera un estado presente de verdad la gente correría a esos narcos, pero les tiene miedo. Esta es situación real que vive nuestra gente. Estas son las cosas de las que yo puedo hablar. No soy una intelectual, soy una mujer que camina el territorio

Lamberto: También tenemos que incorporar al análisis cómo ha cambiado el desarrollo territorial con el narcotráfico. Hoy no hay un solo lugar en el país, por chico que sea, sin la presencia de los dealers, que han reemplazado a los viejos punteros. Esto ha generado un enorme nivel de penetración y de corrupción en la Argentina que vuelve inimaginable cualquier desarrollo político y social.

Por Pablo Challú | Junto a una decena de economistas del peronismo que trabajan en equipo desde hace un cuarto de siglo, Pablo Challú ha participado en la elaboración de un programa de acción para el desarrollo y la justicia social. Ex secretario de Comercio y de Competencia y Defensa del Consumidor, Challú expuso hace unas semanas sobre ese documento en el foro de Movimiento21. Compartimos la intervención completa.

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Voy a comentar sintéticamente el trabajo que hemos producido un grupo de economistas del peronismo. Se trata de un documento extenso, que algunos de ustedes conocen, que incluye dos anexos, también bastante extensos, uno sobre política energética y otro sobre administración del comercio. Es un trabajo de equipo en el que trabajamos diez economistas, aunque aparece sólo con la firma de Guillermo Moreno y la mía. Sucede que varios de los que participaron tienen trabajos relacionados directa o indirectamente con el Estado y no sabíamos qué consecuencias podía tener la firma para ellos.

En lo fiscal e impositivo recibimos asesoramiento de Rafael Perelmiter, en lo monetario, de Mario Pérez Latorre. Trabajaron con nosotros Roberto Pons, Walter Romero, Beatriz Paglieri, Sebastián y Sergio Carbonetto.

En el documento se pone mucho énfasis en el acuerdo social. Somos concientes de que es un instrumento que, por los resultados que ha tenido en Argentina, existe todo el derecho del mundo a mirarlo con desconfianza. Sin embargo, el acuerdo social está en el ADN del grupo de economistas que redactamos el plan.

¿Cómo surgió este grupo? Es un equipo que tiene una historia bastante extensa. Los primeros antecedentes son de comienzos de la década del 80, cuando empezamos una serie de reuniones entre la Unión Industrial Argentina y la CGT. Por la CGT concurrían Eduardo Curia y Eduardo Setti, entre otros. Yo encabezaba el equipo de trabajo por la UIA. A partir de ahí se hace una relación muy fuerte con Curia.

Tenemos una primera experiencia de gobierno en el 89: Curia era secretario de Coordinación Económica y yo, de Comercio Interior y ahí se fue formando este equipo de economistas, que siguió funcionando durante muchos años. En la década del 90 se nos unió Guillermo Moreno; también participó de muchas de nuestras reuniones Miguel Saiegh. La idea era reunir economistas que tuvieran actuación en la parte empresarial o en la parte gremial. Uno de los últimos trabajos que hicimos en los años 2013-2014 fue preparar un plan económico para Daniel Scioli. Ya sabemos lo que pasó con Scioli, pero fue una ejercitación concreta del acuerdo social, porque ahí teníamos por un lado economistas que estaban trabajando en la CGT o en otras organizaciones obreras y otros trabajando en organizaciones empresariales. El núcleo del grupo se mantuvo. En el año 2017 publicamos un artículo con Moreno y Sergio Carbonetto viendo que el plan de cambiemos se había terminado. Después nos unimos en la comisión de economía del PJ y ahora terminamos haciendo este plan, trabajando desde hace cuatro o cinco meses.

Quiero empezar por algunas cosas que están implícitas en el plan. Primero, de qué diagnóstico partimos. Nosotros decimos que la crisis argentina, económica y social, es inédita, no sólo por su profundidad y duración, sino también porque lo típico en las crisis argentinas era que siempre había un factor preponderante donde se podía encontrar el punto neurálgico (ejemplos: el sector externo, el desborde monetario, un déficit fiscal insostenible, desequilibrio de las expectativas) mientras en esta crisis no podemos decir eso. En esta crisis se conjugan y se potencian recíprocamente todos esos factores que solían explicar por separado las crisis: hay una crisis del sector externo realmente extraordinaria, un déficit fiscal que como quiera que se lo mire puede ser de entre el 8 y el 10 por ciento (y si agregamos el déficit cuasifiscal puede ser mayor aún), un Banco Central prácticamente quebrado, unas expectativas totalmente fuera de control. Y además, problemas en el sector productivo. Quiere decir que en esta crisis se da un conjunto de causas. no hay una sola causa determinante.

La crisis fue la herencia que dejó el gobierno de Macri. Pero el gobierno actual no hizo nada para solucionarla, sólo se dedicó a operar sobre sus efectos, con lo cual ésta siguió su curso. De modo que tenemos varios factores de incidencia a los cuales se les agrega la cuarentena y las medidas sobre la economía producto de la cuarentena. Son varios factores de ataque y se necesita un plan económico para afrontar la crisis. Realmente, un esfuerzo extraordinario.

Nosotros avanzamos un poco más y decimos: toda crisis -y más una de esta profundidad- es una oportunidad, por lo tanto, un plan económico no debería contentarse solamente con administrar la crisis o tratar de salir de sus más graves consecuencias, sino que tendría que sembrar el camino para un desarrollo sustentable con justicia social.

Tenemos cinco factores a atacar más los temas de la pandemia y la cuarentena. Y necesitamos actuar en dos niveles: el primero, salir de la crisis; el segundo, ir cimentando el camino para avanzar a ese desarrollo con justicia social que es lo que todos anhelamos.

Indudablemente hay un conjunto de factores que complican la instrumentación de una política económica. Las políticas en sí tienen un sentido en su interrelación: son políticas que se van alimentando recíprocamente; si uno quisiera tomar algunas medidas y esperar para tomar otras, se perdería el efecto que se quiere lograr, que es el efecto de conjunto, el efecto de interrelación de las políticas. Pero además de eso, todo plan tiene que resolver dos exigencias fundamentales: la falta de equilibrio macroeconómico y el problema de la pandemia llevan a la recesión y a la inflación, pero al mismo tiempo la recesión y la inflación impiden que se llegue a equilibrios virtuosos tanto en el sector público como en el sector monetario, los dos puntos fundamentales a los que debe apuntar la política económica, normalización y reactivación de la economía y control de los factores inflacionarios. ¡Fíjense qué combo!

Un punto esencial aquí es lograr la reactivación. La recesión es un veneno para la situación fiscal, la reactivación generar recursos al sector público como para ir saliendo del déficit, que obviamente es prácticamente imposible de solventar. Hoy en día el 60 por ciento del gasto se está solventando con emisión monetaria.

¿Cómo se puede lograr la reactivación en estos términos? Lo primero es el punto de la normalización de la situación productiva. El plan dice: no hay opción ni se pueden contraponer salud y economía. Hay que encontrar un equilibrio entre esos dos elementos. Ese debería ser el paradigma del enfrentamiento a la pandemia: encontrar instrumentos que optimicen los dos objetivos -salud y economía-, por eso decimos que hay que salir progresivamente de la cuarentena, con prudencia pero sin miedo, estableciendo la prioridad de las actividades productivas con una planificación de la oferta para eso, porque uno no puede, por ejemplo, poner en funcionamiento un sector Industrial si previamente no ha calculado que los insumos van a estar disponibles. O si la cadena de comercialización se encuentra en condiciones para dar cuenta de esa producción.

Esto implica que hace falta una planificación de la oferta y de todo el circuito para ir reabriendo la economía progresivamente y sin pausa e ir normalizando el sistema económico.

También decimos que el comité asesor del Presidente no debería estar conformado exclusivamente por médicos, sino que debería incluir otros especialistas, entre los cuales, por supuesto, economistas. Porque se trata de preservar el bienestar material y espiritual de la población, no sólo no sólo preservarlo del coronavirus.

Me gustaría dar un ejemplo de cómo podría funcionar este plan.

Nosotros decimos que necesitamos un tipo de cambio suficientemente protector de las actividades económicas internas, teniendo en cuenta los aranceles y los reintegros a las exportaciones, y que sea también el punto de partida para el impulso a las exportaciones. Estamos diciendo que hace falta un tipo de cambio más alto. Pueden salir a objetarnos que un tipo de cambio más alto choca enseguida con el tema precios.

Y ahí aparece el rol esencial del acuerdo social: no se trata de un acuerdo que dice veamos cómo funciona el consejo económico social, se trata de un acuerdo de precios y salarios, tipo de cambio, impuestos y tarifas. Es decir, un acuerdo que actúa sobre las principales variables del sector público teniendo en cuenta la reactivación a la que se quiere llegar y teniendo en cuenta que la tasa de inflación tiene que ir bajando -paulatina pero aceleradamente- hasta llegar a un nivel de inflación muy tolerable, abajo de los dos dígitos. Lo que hace entonces el sector público es plantearse cómo se organiza desde ahí la combinación general de variables con acuerdo social.

Puede objetarse que las empresas pueden reclamar porque les están aumentando el tipo de cambio: ¿cómo hacemos para financiar eso y las demandas salariales que van a venir como consecuencia? El punto es el capital de trabajo. Las empresas tienen capacidad ociosa por demás, están apenas usando el 20 o 30% de su capacidad instalada, hay mano de obra redundante por todos lados. ¿Qué es lo que falta para poner en marcha el sistema? La demanda -que va a estar protegida por el tipo de cambio y por el tema salarial- y el capital de trabajo, que necesariamente tiene que aportar el sistema financiero. El Banco Central, decimos nosotros, tiene todos los instrumentos y el sector financiero argentino toda la capacidad para dar fuertes préstamos de capital de trabajo a mediano plazo con meses de gracia y tasa de interés cero para poner en marcha el aparato productivo.

Los empresarios van a encontrar que pueden reconstruir su rentabilidad, no por el lado de la pelea entre precios y salarios, sino por una reconstitución rápida de su actividad productiva a través de estos mecanismos. Nos pueden preguntar de dónde sacamos las divisas para financiar eso. Nosotros proponemos que se declare la emergencia del sector externo, porque las divisas tienen que ser utilizadas exactamente en la cantidad que requiera el sistema productivo para normalizarse y entrar a funcionar.

Quiero hablarles también de dos o tres medidas que se están proponiendo y tienen que ver con aspectos institucionales de la política económica, que impiden que el país pueda dar el salto y entrar en este proceso de desarrollo con justicia que deseamos.

Uno de esos puntos es la constitución del Banco Central. No hay sistema capitalista que pueda trabajar sin crédito. Si uno toma cualquier elemento de comparación Argentina es uno de los países que tienen la más baja irrigación de crédito. ¿Por qué se ha producido esto? Porque el Banco Central se ha ocupado más que nada de financiar al sector público en lugar de hacer que el sistema financiero financie a la producción y el empleo, que es de lo que debería ocuparse el Banco Central. Como el Banco Central financia el sector público y se ve obligado a emitir dinero, inmediatamente dice: no puedo tolerar que haya tanto dinero. Y entonces se endeuda con el sector privado. Esto está pasando ahora y viene funcionando desde hace más de medio siglo. Hay que romper ese maridaje y hay que romper la posición de comodidad del sistema bancario, porque para un banco es más cómodo comprar bonos del Banco Central -donde por lo general gana tasas de interés extraordinarias que atender a cincuenta mil pymes, evaluar sus balances, etc.

El Banco Central argentino está quebrado, aunque hoy aparece dando utilidades -que son ficticias porque está tomando la deuda del sector público al valor del mercado. ¡Cómo si el sector público fuera en algún momento a pagar esa deuda y por su valor nominal!

Más de la mitad de la base monetaria se encuentra en deuda de corto plazo del Banco Central con el sistema financiero. Hay que romper eso y la mejor manera de hacerlo es a través de un Bono de largo plazo para el sistema bancario. ¿Puede el sistema bancario tolerar eso? El sistema bancario es un reproductor de dinero y lo reproduce, si se quiere, gratis, porque el costo de operación bancaria no es nada en relación con la multiplicación de crédito que puede hacer el sistema bancario. Eliminado el problema de las leliq y de los pases, con ese Bono a largo plazo el Banco Central tiene buena recuperación. A través de redescuentos y de las políticas de encaje puede canalizar los créditos hacia los objetivos de los que hablamos.

Me dirán: va haber un golpe inflacionario. En todo caso será un golpe inflacionario mucho menor que si lo financiamos con emisión monetaria. El sistema financiero ha ganado plata de manera escandalosa durante estos años y está en condiciones de sostener esto. No hay manera de acumular sostenidamente si no tenemos crédito a tasas razonables por eso es esencial atacar el maridaje entre el sistema financiero y el Banco Central. Las políticas tendientes a romper ese maridaje son esenciales para que el país se ponga en movimiento. Una de las medidas que estamos proponiendo es que el directorio del Banco Central tenga representantes del sector obrero, de la producción y de las provincias, de tal manera que haya allí un núcleo esencial por dónde tiene que pasar la reactivación y el crecimiento de la Argentina.

Estamos proponiendo el nuevo pacto fiscal, que atiende también el control del déficit y mira la promoción de las economías regionales, con un plan de inversiones que se dirija a esas economías regionales eliminando con el tiempo las diferencias de productividad entre ellas y la Pampa húmeda.

También estamos proponiendo un segundo congreso de la productividad, que en la parte operativa está pensado para que haya comisiones por sector industrial y del agro. Esas comisiones, que funcionan sobre ejes sectoriales, deben tener un objetivo preciso, de manera de lograr la reconversión de los sectores que hoy no pueden integrarse a la economía internacional sin darles una protección especial.

La idea es que la protección adicional que el Estado les da a esos sectores no es gratis y que lo que tiene que haber allí es un esfuerzo de inversión y de ocupación de mano de obra; y, en el tiempo, una gradual salida de los elementos extraordinarios de protección que esos sectores requieren para poder adaptarse a la competencia internacional. Los privilegios de la protección sectorial tienen que irse. A través de la inversión y del aumento de la productividad tienen que ir desapareciendo con el tiempo.

Nuestro objetivo es pobreza cero y pleno empleo; nosotros no creemos que la solución a los problemas sociales en Argentina sea el asistencialismo, sino un proceso que produzca un vigoroso crecimiento económico dentro de los que proponemos como un equilibrio general y una acumulación de capital.

Por ejemplo, que en la ley de patentes haya una cláusula de producción local es muy importante. En el mundo,a las empresas que quieren tener una patente, un derecho por la innovación, la mayoría de los países que tienen industrias les exigen les exigen que sea producido localmente. Cuando uno mira el complejo de las actividades económicas, Argentina es un tomador de tecnología, tiene espacios muy pequeños donde puede ser líder en innovación tecnológica. Por eso la cláusula de producción local sería una medida muy importante como inseminador de actividad tecnológica.

¿Es factible que las fuerzas empresarias, gremiales y de representación de las fuerzas productivas acuerden políticas de este tipo? Yo diría que sí. Lo tiene que convocar el gobierno. Y el gobierno debe saber lo que quiere, tiene que tener los planes, porque no es cuestión de llamar a las fuerzas productivas para discutir en general, como si se tratara de una asamblea. El Estado tiene que tener los planes, tiene que tener sus objetivos y tiene que ofrecer algo, además. Porque para pedir un acuerdo de precios y salarios tendrá que poner cosas sobre la mesa; por ejemplo, los impuestos y las tarifas. Por eso se requiere una coherencia global del plan.

Para el acuerdo social no se trata sólo de tener la voluntad de convocarlo, sino de tener las políticas que el acuerdo social tiene que cumplir. El acuerdo social, si bien es la expresión de la comunidad organizada, en realidad es un instrumento que sirve para morigerar las expectativas y dar un horizonte de certeza para que todo el mundo pueda converger hacia allí. Para eso hace falta política.

Ahora bien, este gobierno no ha hecho nada en este sentido y alguna de las cosas que hace van a contramano. Por ejemplo, se anunció un plan de inversiones públicas para salir de la pandemia con ese reactivante. Pero, ¿de dónde van a sacar el dinero para hacer un plan de inversión pública si ya al día de hoy el 60 por ciento del gasto está financiado con emisión?

La reactivación tiene que aparecer por el sector privado. No hay ninguna otra posibilidad. Y al sector privado hay que ordenarlo y ponerlo en marcha de acuerdo a un plan global. Estamos muy lejos de eso.

Otro ejemplo de esa marcha a contramano: el caso Vicentín afectó las expectativas en momentos en que lo que se necesita es ordenarla y estimularlas bien. Este es un desorden de expectativas.

Con las cosas que hoy manifiesta el gobierno es imposible salir de la crisis. Yo tengo mis dudas sobre que con este equipo se pueda salir de la crisis. No tenemos suficiente equipo, no tenemos claridad y algunas de las cosas que están haciendo son todo lo contrario de lo que se requiere para salir de la crisis.

Por Jorge Remes Lenicov | En la última semana de octubre, Jorge Remes Lenicov expuso en el foro de reflexión de Movimiento 21. La experiencia y el análisis de Remes no sólo se nutren de su formación académica sino de su práctica: fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, fue diputado y representó al país como embajador ante la Unión Europea. Le tocó manejar la economía argentina en la turbulenta etapa marcada por el fin de la convertibilidad y el default de principios del siglo.

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Invitado por Guillermo Schweinheim, participé en el mes de octubre en el Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública con un trabajo titulado Rol del Estado: distribución, ordenamiento macro y competitividad. La situación en Argentina, que voy a comentar aquí. Se trata de un análisis sistémico para mostrar la importancia y la trascendencia que tiene el Estado, no solamente por lo que uno ve en cuanto a los servicios que presta, sino desde el punto de vista de la macroeconomía y desde el punto de vista del crecimiento. Si el Estado anda mal, la sociedad y la economía van a andar mal porque el Estado argentino tiene mucha prevalencia: representa el 42 por ciento del PBI, de modo que lo que hace el Estado incide en el conjunto de la economía y la sociedad.

Hay que explicar que ese 42 por ciento se refiere al gasto, y el PBI es valor agregado, por eso no se puede decir que el estado es el 42% de la economía; lo que yo digo es que equivale al 42% del pib. En Europa están más o menos en ese orden (37,38,40) pero dan servicios competitivos (educación, salud, seguridad, comunicación); en Estados Unidos es el 22 o el 23 por ciento.

En economía hay una ley -la ley de Graham- que dice que a medida que un país se va desarrollando aumenta la participación del Estado. A principios del siglo XX el Estado en Europa era 10 por ciento y fue creciendo hasta el cuarenta, pero pari passu con el desarrollo de los países. Los países menos desarrollados tenían menos gasto público. Nosotros tenemos el gasto público de un país desarrollado sin serlo.

El otro comentario introductorio que quiero hacer -y en esto soy muy duro- es que lo que pasa en el Estado es responsabilidad de la dirigencia política exclusivamente. Aquí no hay “intereses del imperio”, o de aquí o de allá. Quién nombra personal, ministros, secretarios, directores, etcétera, es la dirigencia política.

En todo el mundo el Estado tiene una amplia intervención y, como explico en el documento, hay tres tipos de funciones: una, que todos conocemos, es la prestación de servicios, algo que puede influir, según cómo se haga, en la distribución del ingreso; otra es el impacto que tiene el Estado en el equilibrio macroeconómico y, en tercer lugar, el impacto que tiene el Estado sobre la competitividad y la productividad, qué son los dos ejes centrales que hacen a la política de largo plazo de un país.

El primer punto, que se refiere a los Servicios que presta el Estado: uno sabe que si el gasto está bien direccionado, si los impuestos son razonables y progresivos, más allá de las regulaciones propias del Estado (como defender a los consumidores, evitar monopolios, etcétera) puede mejorar el bienestar de la sociedad y también la distribución del ingreso. Son armas muy potentes que en el mundo se utilizan frecuentemente por eso. Por ejemplo, el índice Gini, que muestra la desigualdad, se toma antes y después de la intervención del Estado. Por ejemplo, en Europa el Gini es .40 sin intervención del Estado. Y con intervención del Estado baja a .28; en Argentina el Gini es .45, y como la intervención del Estado es muy mala, el Gini se mantiene casi en el mismo lugar: baja apenas a .43.

¿Y eso, por qué? Porque cuando uno analiza en este siglo cuál ha sido el comportamiento del Estado, observa que su participación en el PBI aumentó muchísimo. En relación con los años ‘90, aumentó un 16 por ciento para llegar a su máximo histórico en estos años, con el 42 por ciento del PBI.

Cuando Duhalde llegó al gobierno de la provincia me pidió que me quedara en el ministerio de Economía, donde yo ya estaba con Antonio Cafiero. Le pregunté entonces a Duhalde: “¿Vos querés hacer inversiones públicas?” Me respondió: “Sí, claro”. Yo le dije entonces que la única manera de hacer inversiones era congelar la cantidad de cargos públicos. Y los tuvimos congelados seis años en 280,000 empleados. Se hicieron muchas inversiones y nunca tuvimos problemas de déficit.

Si esa cantidad hubiera aumentado por crecimiento vegetativo hoy debería estar en unos 310,000, como mucho. ¡En este momento hay 780,000! En el centro de La Plata casi todos los edificios están ocupados por la administración; hubo una época en que los empleados se turnaban para ir porque no entraban. Y eso pasó en todas las provincias.

Los servicios -educación, seguridad, salud, justicia- están deteriorados. Cuando estaba a cargo del ministerio me decían: “No podemos mejorar esto o aquello porque no hay presupuesto”. Muy bien: el presupuesto, desde aquella época a la fecha actual, se triplicó. Y los servicios están peor que antes. ¿Por qué? Porque el personal se incrementó en un 70 por ciento, y básicamente fue incorporada gente que no tiene la calidad ni la experiencia para estar en el Estado. Han sido militantes, seguidores, etcétera. Pero no le han hecho bien al Estado sino por el contrario han contribuido a su destrucción.

Otro tema es la cuestión jubilatoria. De repente, hace 10 años, se duplicó la cantidad de jubilados con gente que no había hecho los aportes en tiempo y forma y, obviamente, eso ha llevado a un desmadre. Eso vale tanto para Nación como para Provincia, como para municipios.

Obviamente todos estamos de acuerdo en que el Estado tiene que estar presente. Se habla mucho, y con razón, del Estado presente. Pero, ¿qué es lo que hacen algunos? Dicen: “Aumento el gasto público, y así el Estado está más presente”. Y no es así. No se mide la presencia del Estado por el nivel del gasto, sino por la calidad del gasto. Yo creo que el Estado actual es mucho menos presente que el de la década del 90. Por el deterioro, precisamente, de los servicios y eso ha llevado a que la gente no esté mejor.

Otro llamado de atención para la política: ¿Por qué en ninguna campaña electoral se discuten estas cosas? ¿Por qué no se analizan cuáles deben ser las funciones, cómo se debe ingresar al Estado? Si no hacemos eso será difícil reencauzar la economía para que tenga un crecimiento sistemático.

Hay un trabajo del BID de hace dos o tres años que dice que el Estado argentino es el más ineficiente de América Latina. La comparación es con el continente, no con Europa. Equivale a 7,2 por ciento del producto.

¿Saben lo que significó la ineficiencia del Estado? Que los impuestos se hayan aumentado un 25 por ciento para financiar un Estado que no funciona, o que funciona pésimamente.

Por supuesto también están los que dicen que no hay que medir costos. Los gremios estatales, por ejemplo, decían: “No, el Estado no es un costo, porque sus prestaciones son tan importantes que es de tecnócratas hacer el costeo”. Cuando uno no analiza el costo de las cosas y tiene un Estado enorme, eso da lugar al rojo, al fraude, no hay ningún control, se hace difícil controlar. El desorden y la falta de transparencia favorecen a los deshonestos. ¿Cómo puede ser que uno no pueda saber cuántos empleados públicos hay en la provincia o en los municipios apretando un botón? Cuesta un Perú conseguir la información. Cuando se esconde la información es porque se están haciendo las cosas mal.

Eso, en términos de gastos. En términos de tributos pasa lo mismo: tenemos la presión tributaria más alta de nuestra historia. Los impuestos aumentaron un 60 por ciento en relación a la década del 90. Yo hice el cálculo de lo que significó el aumento de presión tributaria entre 2004 y 2016 comparada con la de los años 90. Representó 700.000 millones de dólares. ¡Y hoy en día estamos discutiendo si el Banco Central compra o vende 50 millones de dólares!

Se gastaron 700.000 millones de dólares, un monto igual al que Estados Unidos puso para la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall. ¿Y acá qué es lo que hicimos con esa fortuna? Financiamos incorporación de personal y jubilados sin aportes. ¡Estamos hablando de 700,000 millones de dólares! Puestos en infraestructura serían algo extraordinario, este sería definitivamente otro país.

Y además, en términos de impuestos: cuando los impuestos son muy altos y el gasto público es muy malo, se incentiva la evasión. Y la evasión es alta.

Por otro lado, como los impuestos se deciden de un día para otro y lo que se busca es la fácil cobrabilidad, cobramos impuestos a los factores de producción y se deja que los pobres sigan pagando los mismos impuestos que los ricos en términos relativos. Ponemos más impuestos al trabajo, ponemos impuestos al capital, ponemos impuestos al ahorro, a las exportaciones: ¡una locura! Y ponemos impuestos a las transacciones financieras, lo cual desalienta la bancarización.

Esto atenta contra cualquier programa de crecimiento.¿Cómo puede ser que pongamos un impuesto al ahorro? Argentina es el país que menos inversión tiene: 16 por ciento del producto, cuando deberíamos tener 24. Pero para que haya inversión tiene que haber ahorro. ¿Y qué hacemos? Le ponemos un impuesto al ahorro.

Es como que hacemos todo al revés tanto por el lado del gasto como, por el otro, por la parte impositiva, de los recursos.

Otro tema del Estado es el federalismo.

¿Por qué no se cumple la Constitución?

La Constitución de 1994 decía que en el 96 tenía que haber una nueva ley de coparticipación. Pasaron 25 años y al tema no se le da prioridad. ¿Cómo puede ser que mientras una provincia como Buenos Aires aporta 12 puntos de su porción para el interior, el interior siga postrado?

Está claro que el sistema no sirvió. Pero, ¿por qué no se discute? Eso también es una cuestión de la política. Hace 25 años que tendríamos que tener una ley.

Otro punto que es muy importante del Estado tiene que ver con la macroeconomía.

Para crecer, la macro tiene que estar ordenada, si no, no se puede crecer. Con una inflación como la que tenemos no se crece. Nadie puede crecer con más del 20 por ciento de inflación, eso lo demostró un trabajo del Banco Mundial, que hizo un estudio de 170 países donde se demuestra que con una inflación de 20 o más alta no se crece.

Bueno, Argentina desde el 2010 tiene una inflación por encima del 20 y no hacemos nada. El Estado tiene que tener un equilibrio fiscal. En el año 1999 aprobamos la ley 25. 152, de solvencia fiscal, pero esa ley nunca se cumplió. Si se hubiera cumplido no hubiéramos tenido el problema de deuda que tuvimos.

En 36 años de democracia sólo hay dos años en que no fuimos deficitarios. Y hemos trabajado con un déficit descomunal. Eso llevó a que tuviéramos que tomar deuda; y la deuda, obviamente -puesto que tenemos déficit- no se paga. Y tenemos el record mundial de las renegociaciones, con cinco en los últimos 30 años. Una vergüenza.

Pero eso es porque nadie quiere asumir la responsabilidad de poner en orden las cuentas públicas. ¿Qué se hace? Lo fácil: tomar deuda. Después se juntan todos los que tomaron deuda y dicen: no pagamos.

Yo les decía que tenemos que tener más inversión y por ende más ahorro. El déficit fiscal es un desahorro: hay que chupar fondos del resto de la economía para financiar al Estado que no funciona.

Ocurre, además, que chupa fondos en el mercado interno y así achica las disponibilidades de la actividad privada, sean familias o empresas, que toman para evolucionar.

Y si no, el Estado emite plata, y atenta así contra una política de estabilidad de precios, porque quiérase o no, si uno emite mucho a la larga va a repercutir inflacionariamente.

Recapitulo: ponemos impuestos de fácil recaudación, lo que va en contra de la actividad económica, y cuando hay crisis en el Estado se achata la pirámide salarial, lo que desalienta a los funcionarios de mayor formación, que van a buscar posibilidades fuera del Estado. Con lo cual la calidad de los servicios vuelve a bajar.

Por último, el Estado tiene un rol preponderante en términos de competitividad y productividad.
La competitividad es un concepto macro sistémico que es central para crecer. Quien no es competitivo no puede exportar lo suficiente para importar lo necesario y que quede un excedente.

Fíjense: siempre tenemos problemas de balanza de pago, siempre tenemos que devaluar. Y cuando uno devalúa achica los salarios.

¿Y por qué no mejoran los salarios? Porque tampoco hay productividad: no se puede aumentar los salarios si no aumenta la productividad. En lo que va del siglo la productividad laboral no creció. Los salarios y los ingresos son parecidos a los de hace 15 ó 20 años.

Tiene mucho que ver el Estado. Para que haya competitividad tiene que haber buenas rutas, buena comunicación, buenos servicios, buena infraestructura, buena educación, buenos puertos, buena salud, impuestos razonables. Sobre esos factores se asienta la competitividad.

La productividad tiene que ver con la organización del mercado laboral pero también tiene que ver con la educación y esta es una materia notoriamente pendiente.

Si uno señala las falencias del Estado, los facilistas lo califican de neoliberal porque quieren seguir haciendo negocios en el Estado. No, nadie habla de eliminar el Estado, esto es racionalidad pura: lo que necesitamos es un Estado presente. El Estado no puede ser un estorbo, tiene que ser un instrumento que agregue valor, crecimiento equilibrado, inclusivo.

Esta es la gran tarea -o una de las dos grandes tareas- que tiene la Argentina por delante. Y como es una tarea que no se hace de un día para el otro, sino que demanda un proceso más largo, de por lo menos 10 años, es indispensable hacer un acuerdo político. De lo contrario es imposible, porque viene un gobierno y hace una cosa y viene el gobierno siguiente y hace todo lo contrario. Este es un tema central: si no nos ponemos de acuerdo en cómo mejorar el Estado, es muy difícil que la Argentina progrese.

No se me oculta que se trata de una tarea difícil, pero es indispensable.

Y no podemos seguir con una actitud conservadora. Porque no hacer nada es conservadurismo, más allá de que algunos se digan progresistas. Es preferible asumir costos a tiempo que arrastrarlos hacia el futuro. Lo peor es no hacer nada, eso está a la vista.

Por Miguel Ángel Toma | En el marco del foro de reflexión de Movimiento 21, Miguel Ángel Toma expuso en la primera semana de octubre sobre la actualidad de la inteligencia argentina, sobre todo a partir de una desclasificación irregular de documentos reservados que dio a conocer acuerdos secretos con otras naciones, reveló las identidades de agentes encubiertos argentinos y puso en riesgo la seguridad de estos y de sus familias. Ex presidente de la Comisión Bicameral del Congreso que supervisa las actividades de Inteligencia y ex titular de la SIDE, Toma afirmó que “estamos ante un intento muy notorio de desarticular la inteligencia oficial y está empezando otra vez a desarrollarse lo que sucedió entre 2010 y 2014: una inteligencia ilegal y paralela, que más que inteligencia habría que llamar espionaje”. Y concluyó señalando: “Reconstruir la inteligencia argentina es una tarea que demandará mucho tiempo y necesita acuerdos, políticas de Estado”.

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Vamos a desarrollar rápidamente qué es lo que ha ocurrido con la desclasificación de información de inteligencia, los efectos que ha producido y la proyección de lo que significa esto de cara al futuro.

En primer lugar ustedes saben que una regla que se mantiene sistemáticamente en todas las estructuras de inteligencia es la reserva y la confidencialidad. Cuando la justicia de cualquier país pide una desclasificación, esta debe hacerse exclusivamente sobre el período de tiempo que la justicia solicita y además utilizando un protocolo que está establecido de antemano y que es obligación de las autoridades de inteligencia preservar.

¿Qué es lo que ocurrió en este caso en la Argentina? En primer lugar: no se cumplió con el pedido, tanto en relación a personas como en relación con el período solicitado. Para desclasificar sino que unilateralmente y más allá del pedido judicial la actual interventora de la AFI decidió desclasificar la totalidad de las resoluciones adoptadas entre 2015 y 2019. Esto ya de por sí constituye un acto sumamente sospechoso porque le pasó a la justicia mucho más de lo que la justicia había pedido. Lo más dramático es que no cumple con el protocolo de desclasificación, de manera que no mantiene en reserva las identidades de los agentes ni otra serie de resoluciones y de medidas internas y externas de muchísima gravedad.

¿Qué significa esto? En primer lugar, que pone en superficie la totalidad de los nombres y documentos de identidad de los agentes que operan, tanto en Argentina como -fundamentalmente, en tanto riesgo- en el exterior.

Esto no es casual. Ya tiene un antecedente muy grave que es de cuando deciden (en nombre de la transparencia) pagar los sueldos por los bancos, en lugar de hacerlo como habitualmente se hace en cualquier estructura de inteligencia, donde la estructura paga directamente a sus agentes, envían a los bancos la totalidad de la información del nombre real y el documento de los agentes para depositar los fondos en las cuentas sueldo. O sea, ya había un interés de poner en superficie esto y con esta desclasificación se termina de concretar.

Esto pone en riesgo la seguridad de los agentes y de sus familias, tanto de los que operan en Argentina como de quienes lo hacen en el exterior.

Voy a dar un ejemplo concreto. Existía un agente que estaba operando en Beirut desde hace 15 años, con identidad reservada y con nombre supuesto. Había generado una excelente relación con el Mossad y era canal de comunicación entre ese servicio y el servicio argentino. Este hombre tenía una información excelente sobre Hizbolá (recuerden que esta organización, autora de los dos atentados en la Argentina, opera muy ampliamente en Berut). Al desclasificarse su identidad, este agente pidió asilo en la embajada y una semana después estaba en Buenos Aires. Este hombre estaba casado con una libanesa, tiene dos hijos; su mujer y los hijos siguen estando en El Líbano. En este caso, el haber publicado el nombre del agente es un acto lindante en lo criminal. Cómo ocurrió esto en Beirut -y pongo este caso porque lo conozco y conozco personalmente al agente, un eficiente profesional de inteligencia- pudo haber ocurrido con otras personas, trabajaran infiltradas o no (yo creo que no, porque si algo caracterizó a la AFI de Macri fue la ineficiencia y la estupidez), lo cierto es que han afectado a muchísima gente. A gente que en su familia o en su ámbito social no decía que trabajaba en la Secretaría y, tras esta desclasificación, de golpe todo el mundo se entera de que es un agente de inteligencia, con el prurito que existe a este respecto. Hay un daño a la seguridad en un sentido y a sus relaciones familiares.

La segunda cuestión grave es la pérdida de confianza de las agencias externas en relación con la Argentina. Porque si la Argentina no es capaz de preservar la reserva de sus propios agentes y otra serie de datos que ahora voy a señalar, difícilmente pueda hacerlo con el nombre de los agentes acreditados en Argentina por otras agencias o con la información sensible que es natural en el intercambio de los servicios de inteligencia. Esto hace perder la confianza y genera un gravísimo riesgo y deterioro muy grande en lo que es la seguridad nacional, la defensa nacional y por supuesto las relaciones exteriores. ¿Por qué razón? Básicamente porque entre las cosas que fueron desclasificadas aparecen seis acuerdos hechos en ese período con seis países, algunos del Mercosur pero también con Estados Unidos, con España. Acuerdos de intercambio específico de información sobre temáticas determinadas, de manera que, sin pedir autorización de esos terceros países, se pone en superficie acuerdos con el contenido del intercambio de la información que presuponía el acuerdo realizado. Esto es terrible, porque genera rápidamente y aumenta enormemente la desconfianza.

Por otro lado, en esta desclasificación, que fue subida al sistema Lex de la Justicia (al que tiene acceso a todo el mundo y no sólo las partes, como correspondería), se dan a conocer medidas vinculadas a la organización y al organigrama interno de funcionamiento, con lo cual se accede a cómo está estructurada internamente la secretaría de inteligencia, incluyendo quiénes son los funcionarios que van a ocupar esos cargos, con lo cual no solo se pone en superficie casi todo el organigrama interno, sino que además se pone en evidencia el Plan Nacional de Inteligencia, porque el plan lo que fija son los objetivos, y como ustedes, saben los objetivos para su cumplimiento determinan una estructuración del organigrama. El organigrama está en función del objetivo a cumplir, de modo que no sólo trasciende la estructura interna y los nombres de los funcionarios que la ocupan, sino cuáles son los temas de interés central a los que está abocada la inteligencia Argentina en función del Plan Nacional de Inteligencia que aprueba el Poder Ejecutivo.

Hay un elemento más a señalar en esta pérdida de confianza que va a impedir obtener información concreta, precisa y confidencial en temas como terrorismo, narcotráfico, trata de personas, lavado, tráfico de armas (hace unos días hablé con amigos del Mossad y de la Cia y me lo anticiparon: no van a dar mayores datos específicos porque no consideran que esté garantizada la reserva). En resumen, esto significa un demérito muy grande.

¿Qué es lo que está haciendo la interventora de la AFI? Está queriendo eludir su responsabilidad diciendo que fue la Justicia la que no tomó los recaudos necesarios para las desclasificación de la información. Absolutamente falso. La ley 25 520, una ley de consenso aprobada por el 90 por ciento del Congreso, en época de De la Rúa, tiempo en que Carlos Becerra era titular de la Secretaría (yo estaba al frente de la Bicameral: trabajamos en conjunto e hicimos una ley que fue aprobada virtualmente por unanimidad), habla claramente de la responsabilidad en téerminos de la desclasificación. No hay modo de que la AFI pueda evadir su responsabilidad.

Pero lo más dramático de todo es que ya hay dos antecedentes muy graves en la Argentina. El primero, en época de De la Rúa, fue cuando Página 12 publicó en primera plana la foto de Ross Newland, que era el jefe acreditado de la CIA en Buenos Aires, y esto fue producto de una filtración de parte de la SIDE. Cuando nosotros asumimos en la Secretaría, con Duhalde, requirió un gran trabajo recuperar la confianza de la CIA. Yo tuve que viajar a Langley. Por suerte, Tennet, que era el jefe de la CIA, era amigo mío porque venía de la comisión de Inteligencia del Senado norteamericano y habíamos asistido juntos a varios seminarios, lo que había generado una muy buena relación. Rápidamente reconstituimos el vínculo pero quedó la mácula.

Un antecedente mucho más grave se produjo cuando Gustavo Béliz, que hoy es nuevamente ministro, en un programa de televisión puso la foto y el nombre de Jaime Stiuso, en esa pelea que él tenía con Néstor Kirchner. En ese instante Béliz puso a Stiuso como instrumento para mandar un mensaje a Kirchner. ¿Qué hizo éste? Lo que debe hacerse: lo sacó a Béliz. Porque él -Kirchner- había puesto a Stiuso a cargo de la investigación Amia para apoyar a Nisman en su trabajo específico.

Todos estos antecedentes son muy graves. Agrego un dato más, porque la última cuestión que me parece importante en esta brevísima síntesis que les estoy haciendo es comprender si la desclasificación última fue intencional, fue un error por deficiencia o falta de profesionalidad.

Con tales antecedentes y ante una situación como la que generó la desclasificación con otros países, se supone que el gobierno tendría que dar alguna explicación. Alberto Fernández no habló del tema; la única que salió a decir que si había una responsabilidad no era de ella sino de la Justicia fue Cristina Camaño. Y hay una denuncia penal que está a cargo del juzgado de la doctora Servini de Cubría así como también una presentación en la Comisión Bicameral del Congreso hecha por el diputado Ritondo y otros legisladores, en el sentido de que la Bicameral convoque a Cristina Camaño a qué de las explicaciones del caso, se abra una investigación al respecto y todos los elementos que surjan sean elevados a la Justicia. Eso es lo que hay hasta ahora, lo cual indica que hay en el gobierno una clara intencionalidad de tapar sus responsabilidades.

Por mi parte creo que estamos ante una situación muy compleja: ante un intento muy notorio de desarticular la inteligencia oficial, la que está controlada por la Comisión Bicameral y está está regida por la ley. Y está empezando otra vez a desarrollarse lo que sucedió entre 2010 y 2014: una inteligencia ilegal y paralela, que más que inteligencia habría que llamar espionaje, con los rasgos que tuvo esa estructura paralela que manejó el general Milani: se desarticuló en ese período la secretaría de Inteligencia recortando su presupuesto (en esos 4 años, la inteligencia civil controlada por el Congreso recibió prácticamente cero de incremento) mientras que a la inteligencia militar en cabeza de Milani, en un país que no tiene hipótesis de conflicto, le aumentaron las asignaciones presupuestarias hasta un 156 por ciento. En aquel momento se intentó desarticularla asfixiandola económicamente, para que Stiuso no siguiera investigando el tema Amia y él tratado con Irán, que se estaba desarrollando en el 2014. Ese año directamente se interviene la Secretaría, ponen a Parrilli a cargo (recordarán que número dos era Juan Martín Mena, actual viceministro de Justicia, y desestructuran la Secretaría, purgan a los mejores cien cuadros en cabeza de Stiuso y prácticamente destruyen la SIDE.

Creo que hoy estamos en una situación equivalente. Esta desclasificación apunta a eso. Hay de nuevo indicios muy claros de que alrededor del Instituto Patria están reconstruyendo aquella estructura de inteligencia paralela. Tiene mucho que ver Horacio Verbitsky en todo esto. Y un dato adicional que no es para dejar de lado: me llega de los Estados Unidos que está creciendo notoriamente el personal de la embajada de Cuba; es decir: hay una clara incorporación de agentes cubanos Este ha sido un mecanismo que se utilizó en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador con las consecuencias que todos conocemos, a través de asesores de la inteligencia cubana revestidos como personal de sanidad o personal educativo.algunos datos aislados.

Decía que el ideólogo y comunicador de todo esto es Horacio Verbitsky, antiguo agente del G2 cubano, como todos saben. Existe -a través de Parrilli y Mena- articulación de este núcleo cubano con el Instituto Patria y también de algunos agentes de la inteligencia argentina que fueron aliados de Milani en su momento, como es el caso de Fernando Pocino, el tipo históricamente enfrentado con Stiuso. Cuando Parrilli aterrizó como interventor de la Secretaría, tenía la idea de darle todo el poder a Pocino, para que articulara todo lo que tenía la AFI con Milani; desarticulan toda la estructura de contraterrorismo vinculada a Stiuso, que era una piedra en el zapato para el kirchnerismo por su investigación sobre el acuerdo con Irán.

Esta es la articulación que conocemos hasta ahora. Pero hay un dato importante, que son los cambios que pensamos que se van a producir en la estructura militar a fin de año. Allí hay alguien que es de Milani, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Juan Martín Paleo, que proviene de Inteligencia y que probablemente pase a ser el jefe de Estado Mayor del Ejército. Si esto ocurre, según la proyección que estamos haciendo de nuestro análisis, probablemente vuelva a repetirse el esquema qué imperó entre el 2010 y el 2014 pero con un dato adicional: que ahora es mayor la presencia de la inteligencia cubana, que en aquel momento no se verificaba expresamente.

En relación con Verbitsky, se me dice que ya no está en edad de ser operativo y eso puede ser cierto. Pero sus nexos y sus relaciones tienen plena actualidad. Podrá no seer un cuadro operativo como lo fue en otros tiempos, pero él es el nexo y el ideólogo de toda esta tendencia que se expresa en el Instituto Patria. Allí hay un rol muy importante de Parrili y de Mena, dos tipos clave en el Instituto Patria que estuvieron a la cabeza de la AFI.

En función de mucha información que confirmamos con amigos que conocen el paño puedo decir que ese es el esquema central, por eso me parece muy importante en el análisis que se está desarrollando, cómo son los cambios en la estructura del Ejército a fin de año. Piensen ustedes que todo esto está también muy vinculado a lo que dijo Rossi, el ministro de Defensa hace poquito, y al acercamiento con China, país con el que se está negociando muy secretamente la recomposición de la estructura logística y el reequipamiento de las Fuerzas Armadas (ese es uno de los temas que lleva Fernández a la reunión programada con Xi Jinping). Se va cerrando un cuadro que implica un reacomodamiento geopolítico muy claro vinculado al eje China-Rusia-Cuba-Venezuela-Irán.

Se me ha preguntado qué quedó de la estructura paralela que edificó Milani, que contó con un equipamiento muy caro, financiado con los incrementos presupuestarios de que hablé, y también con una estructura de cuadros. Los cuadros siguen estando en la estructura de Milani que sobrevive dentro de Ejército, inactivos pero siguen estándo. Si tocan el pito los vuelven a juntar. En cuanto al equipamiento,cuando ganó Macri, hubo un rastreo de equipos, que eran báasicamente para intercepción de comunicaciones. Se trataba de elementos no de la última horneada, pero sí de mucha sofisticación, comprados a Alemania, equipos Siemens que permiten tomar las dos puntas de una comunicación celular a una distancia fuera del área de la celda en la que se encuentran uno u otro de los aparatos intercomunicados. Esos equipos se los llevaron y están en Paraguay, no sabemos exactamente la ubicación que sí conocen algunos servicios amigos. La estructura paralela podría traerlos o no: se trata de equipamiento que, con la plata suficiente, se encuentra en el mercado. El material de ultimísima generación lo proveen estados y, con la situación como está actualmente, los estados que lo producen no se lo venderían a este gobierno.

En cuanto a los cuadros que tenían y su capacidad operativa yo pude constatar que era muy eficiente. Quiero recordar que Bonadio, en la causa de los cuadernos, cuando allana en Calafate la vivienda de Cristina Kirchner encuentra decenas de carpetas. Como yo soy uno de los afectados por los seguimientos -porque tenían muchas grabaciones de conversaciones mías- pude entrar al expediente judicial y la verdad es que eran carpetas extraordinariamente bien hechas- En mi caso hasta habían hecho un seguimiento en Uruguay, en una reunión que tuve con Manzano en enero de 2012. Había evidentemente una estructura muy fuerte y eficiente. Los informes eran muy precisos, muy detallados. Esa estructura estará hoy neutralizada pero lo pueden activar y el equipamiento con plata se consigue.

Hoy la inteligencia legal argentina, la que puede controlar el Congreso, está muy dañada por todo lo que he venido contando. Estados Unidos e Israel venían con una actitud reticente, habían levantado el caballo para ver hacia donde caminaba el gobierno pero después de este episodio de la desclasificación a la bartola de material reservado la situación ya es muy clara. ¡Seis acuerdos secretos que se habían hecho en época de Macri con Bolivia, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y España, fueron puestos a la luz pública! Estamos hablando, por ejemplo, de un acuerdo con la CIA.

Estados Unidos no sacó al delegado de la CIA, ni al del FBI, pero prácticamente no tienen ningún intercambio de información. Y por efecto demostración también Alemania y los israelíes han levantado todo tipo de intercambio.

No se puede reconstruir una estructura de inteligencia en un período de 4 años, de modo que tiene que haber una política de estado que permita, en un plazo más largo cumplir ese objetivo, contemplando la posibilidad de que eso se desarrolle con gobiernos de diferente signo. Si no lo hacemos, vamos a seguir estando inermes en este campo. Formar y construir un oficial de inteligencia lleva mucho tiempo, más aún afianzar una estructura. Por eso es indispensable una política de estado.

El gran problema es cómo pactar una política de esa naturaleza cuando hoy hay un oficialismo que está en esta operación. Supongamos que en 2023 triunfa una formación más racional, con un peronismo reconstituido, ¿con quién se podría pactar esto? ¿Con este sector que tiene un preconcepto ideológico muy definido? Difícil.

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