Por Pascual Albanese | El repudio generalizado que recibió el fallo dividido de la Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación de la derogada ley del “dos por uno” para los condenados por delitos de lesa humanidad, certifica la existencia de un amplio consenso de la sociedad argentina en torno a lo que ya podría caracterizarse como una política de Estado en relación a la vigencia de los derechos humanos y la condena de los responsables del terrorismo de Estado.
La multitudinaria marcha a Plaza de Mayo y el rechazo al fallo manifestado por la totalidad del arco político y ratificado por la rápida y efectiva intervención del Parlamento, reflejan un amplio espíritu de unidad nacional en torno a estas coincidencias fundamentales
Por encima de la discusión teórica, el episodio verifica un hecho de inusitada gravedad institucional: la mayoría de los integrantes del máximo tribunal de la República, conformada a partir de dos designaciones promovidas por el actual gobierno, no participa de ese consenso ni sintoniza tampoco con esa política de Estado, que está inscripta además en los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina.
El propio presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, admitió que “desde el punto de vista político, evidentemente la credibilidad de la Corte quedó herida”. Ese reconocimiento invita a reflexionar acerca de la necesidad imperiosa de avanzar hacia una reformulación de la composición del tribunal, para garantizar que su integración sea congruente con el principio del “Nunca más”, que es la piedra fundamental sobre la que se asienta el consenso democrático instaurado en la Argentina desde 1983.