Consejo de Redacción de Movimiento 21 | La deuda externa ha marcado la historia de nuestro país desde su nacimiento. Desde el primer empréstito tomado con la firma inglesa Barings Brothers & Co, durante el primer gobierno de Bernardino Rivadavia que se terminó de pagar en el gobierno de Juan Domingo Perón, hasta este nuevo ciclo de endeudamiento en la administración macrista, esta política ha estado siempre en el centro de atención por las consecuencias que trajo aparejadas para la población. El reciente anuncio del Ministerio de Finanzas de la colocación de un bono en dólares a cien años, una situación inédita para la Argentina en cuanto al plazo a pagar, pone en debate el cómo, por qué y para qué se endeuda una nación.
Preocupa que sin discusión previa se acuda una política de endeudamiento que compromete a futuras generaciones. Si bien este tipo de financiamiento está permitido por la Ley de Presupuesto, una toma de deuda de tales características debería, como mínimo, ser informada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado y de Diputados; se debería dar un debate de cara al conjunto de la sociedad. Ni siquiera pareciera que se han seguido los procedimientos, plazos e informaciones al mercado habitualmente realizadas por la Oficina Nacional de Crédito Público, lo que también deja dudas sobre la transparencia de este nuevo endeudamiento.
Acudir a títulos con vencimiento a largo plazo no es algo nuevo en el mundo: Francia, Bélgica, Irlanda y México, entre otros, han apelado a este tipo de financiamiento externo y es algo que ha sido discutido por economistas heterodoxos y ortodoxos, sobre si es beneficioso o no. Sin embargo, la tasa anual de esas mencionadas emisiones de títulos ha variado del 2,35 por ciento anual, en el caso de Bélgica, hasta el 5,75 por anual conseguida por México. Es en este punto clave en el que coinciden los economistas que se han pronunciado frente a este endeudamiento: una tasa de interés del 7,9 por ciento con la que Argentina recibió 2.750 millones de dólares, es totalmente perjudicial para el país.
El gobierno nacional no ha explicado cuál es la estrategia de financiamiento ni qué gastos se van a cubrir con esta deuda centenaria. Si se toma en cuenta que, desde que llegó Mauricio Macri a la Casa Rosada, se han colocado bonos en casi 100 mil millones de dólares, que se han utilizado para reducir el déficit fiscal y financiar la fuga de divisas, producto de la desregulación del flujo de capitales, la liberación del giro de dividendos de las multinacionales a sus casas matrices y la eliminación del tope para la adquisición de dólares por parte de empresas y particulares, el panorama no resulta muy alentador.
Argentina se ha convertido en un país atractivo para la compra de Lebacs que ha traído consigo el regreso de la bicicleta financiera con la que se están beneficiando los capitales extranjeros especulativos. No se escucha hablar de utilizar esa entrada de divisas para apuntalar a sectores estratégicos de la industria, que puedan generar valor agregado para que haya empresas competitivas en el exterior, para lograr soberanía energética y no descuidar a los sectores que no tienen capacidad de exportación, pero son indispensables para el mercado interno. Sin ninguna de estas políticas, es imposible aspirar a una estrategia nacional con desarrollo y justicia social.